La UE tiene planeado revisar su política pesquera para acabar con la extinción de los peces. Pero será una tarea complicada, debido al peso de los grupos de presión industriales y a la falta de visión de futuro de algunos Estados miembros.
Si tuviéramos que depender de los peces capturados en aguas británicas, nos quedaríamos sin pescado el próximo fin de semana. El Atlántico Norte era antes uno de los mares más productivos del planeta. Ahora, a pesar de contar con una de las flotas pesqueras más grandes del mundo, Europa se ve obligada a importar dos tercios del pescado que consume.
En lugar de obtener una producción récord, alcanzamos el récord en sobreexplotación pesquera, lo que afecta a tres cuartos de las poblaciones pesqueras de Europa. Esto es un crimen en un mundo que cada vez demanda más proteínas, en especial la saludable carne del pescado. Pero además pagamos un precio excesivo por el privilegio de esta mala administración. Si no fuera por las subvenciones de los contribuyentes, se hundirían grandes partes de la industria pesquera. Pagamos mil millones de euros al año para mantenerla a flote y la mitad de esta cantidad se destina a España.
Toda esta situación podría ser muy distinta. En un mundo perfecto, Europa se beneficiaría de su pesca y ganaría dinero con los impuestos aplicados a las grandes capturas realizadas por una industria sana. Las aguas europeas se parecerían a las de América, Nueva Zelanda y Australia, donde gracias a las cuotas basadas en fundamentos científicos fiables, los bancos de peces y los beneficios se han disparado.
Culpables: ministros de Pesca de la UE y grupos de presión
Rainer Froese, del Instituto Leibniz de Ciencias Marinas, calcula que si Europa siguiera los mismos principios científicos, en un plazo de cuatro o cinco años, los beneficios se triplicarían, los bancos de peces se cuadruplicarían y las capturas aumentarían un 60 por ciento. Algunas especies se recuperarían más rápido y otras no lo harían nunca pero, incluso en este plazo tan reducido, afirma que “puede llegarse al paraíso”.
Por suerte Europa cuenta con Maria Damanaki, comisaria de Pesca progresista que se posiciona en el lado correcto y en el de los peces. Damanaki comprende que su función es cuidar de los bancos de peces, que a su vez alimentan a los pescadores. Al parecer, sus predecesores pensaban que era a la inversa.Ayer anunció el fin de la conocida Política Pesquera Común, que nos ha llevado a esta situación caótica, así como el inicio de una nueva era.
Empleó para ello un lenguaje directo. “No podemos permitir que la situación siga así. Necesitamos cambiar».Pero por desgracia, no será así.A pesar de algunas señales positivas, su discurso revelaba que no ha logrado vencer a los auténticos culpables de nuestra situación desesperada: los ministros del Consejo de Pesca de la UE y sus hábiles cómplices, los miembros de los grupos de presión de la industria pesquera.
La presión pública puede influir
Afortunadamente, algunas especies se van a someter a planes de gestión a largo plazo, lejos del alcance de los ministros. Y ahora el Parlamento Europeo por primera vez tiene voz y voto en cualquier reforma, con lo que el público podrá tener más influencia. Tal y como ha demostrado el famoso chef Hugh Fearnley-Whittingstall, la presión pública puede influir en gran medida. Gracias a su lucha llamada “Hugh’s Fish Fight” (La lucha de Hugh por los peces), se prohibirá la acción de descartar peces perfectamente comestibles, una práctica con la que se tiran sólo en el Atlántico Norte 1,3 millones de toneladas de pescado.
Europa ya paga a los científicos para que determinen cuántos peces pueden capturarse sin que se lleguen a consumir los bancos de cría. Las capturas deben encontrarse en el lado correcto de la curva. Si se añade un margen de seguridad antes de establecer la cuota general, podríamos llegar a tener mares saludables.Pero en sus reformas propuestas, la comisaria no plantea un compromiso para seguir el consejo científico en el futuro. La declaración de ayer fue lo mejor que pudo ofrecer para eludir esta oposición afianzada. Y lo único que podrá ocurrir es que su postura se vaya atenuando.
Así pues, parece que el robo proseguirá. Damanaki nos asegura que los peces de Europa son un recurso público, pero las decisiones clave sobre estos peces las toman tras puertas cerradas los ministros de Pesca que insisten en hacer caso omiso de la ciencia y en dar prioridad a los intereses a corto plazo. Nunca se desvelan las actas ni los detalles de quién ha votado qué aspecto.
Richard Benyon, ministro de Pesca de Reino Unido, afirma que agradecería que le privaran del poder de votar a favor de las capturas no sostenibles, pero parece que muchos de sus homólogos no piensan igual. El resultado es que hemos desaprovechado una gran oportunidad para aplicar una reforma vital y proseguirán las malas prácticas habituales.
«La UE propone un ‘gran hermano’ para controlar la sobrepesca», titula el diario El Mundo sobre la «reforma radical» de la política común de la pesca de la UE, presentada el 13 de julio en Bruselas por la comisaria de Asuntos Marítimos y Pesca, Maria Damanaki.
Esta reforma debería entrar en vigor a partir de 2013, pretende hacer «primar la sostenibilidad de los recursos marítimos con la reducción de flotas pesqueras y el desarrollo de una acuicultura sostenible», escribe el diario. La obligación de desembarcar la totalidad de las capturas, que afecta a un 23% del conjunto de presas, es una de las medidas «estrella». Y, con este fin, la Comisión pedirá a los Estados que instalen en las cubiertas de los barcos «un circuito de televisión u otros sistemas de seguimiento de su actividad». Esta proposición sería «la única propuesta que convence a las organizaciones ecologistas», que aprueban el principio de la reforma pero critican el modo de ponerla en práctica, afirma El Mundo.
Entre las medidas cuestionadas figura el nuevo sistema de «concesiones» que implica la instauración de un mercado de cuotas individuales de pesca que los pescadores puedan vender los derechos de exploatación si cesan su actividad. Esta medida, reservada a los barcos de más de 12 metros y a las traineras, tiene el objetivo de reducir el número de barcos. Pero El Mundo destaca que «plantea problemas económicos» porque «dejaría en una posición privilegiada a los grandes operadores» y perjudicaría a las pesca artesanal. «España es uno de los países a los que más afectará esta reforma», a causa del peso económico de su industria pesquera, concluye el periódico.
Via: PressEurop